TREN PARLAMENTARIO

Radiografía de la impunidad

VICENTE BELLO

“Las 8 mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado durante el 2009 representan una clara muestra de la situación imperante en el país”, soltó Raúl Plascencia Villanueva

Esa y las otras cifras terminaron ayer convirtiéndose en la radiografía  de un país convulsionado en su desarrollo humano, económico, político y social. Plascencia dijo: “La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global, incrementaron la actividad delictiva.

Secuestros, robos, atentados contra migrantes, abusos contra los grupos más vulnerables, así como la imposibilidad real de disponer de recursos suficientes para enfrentar los principales reclamos sociales por parte del Estado, generaron un sinnúmero de situaciones críticas en el país”.

Se esperaba un informe crudo; pero no tanto, se escuchaba decir en el pasillerío.  En los hechos, describía el titular de la CNDH un país con muy serios problemas de gobernabilidad, donde la corrupción, los abusos y la impunidad barbotan con ímpetu de las instituciones  mismas del Estado encargadas de enfrentar estos flagelos.

En el 2009, ya decía Plascencia, las autoridades que más frecuentemente fueron señaladas como violadoras de los derechos humanos, en ese orden de aparición, son: Secretaría de la Defensa Nacional; Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría General de la República.

Y en la Federación, las autoridades que también contribuyeron con el desmadre derivado de la impunidad, son: los gobernadores de los estados de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca; también el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y, particularmente, los presidentes municipales de Acayucan, Veracruz; de Jiménez, Michoacán; de Oaxaca de Juárez; Olinalá, Guerrero, y Tijuana, Baja California. Y ha hecho mención expresa del procurador general de la República y de los secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores; también del director general  de Petróleos Mexicanos; de los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y neurocirugía; del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud federal y hasta del Congreso de Sinaloa.

Ha planteado, de entrada, dos reformas legales: que a todas las autoridades que no acepten las recomendaciones de la CNDH sean llamados al Congreso a “fundar y motivar sus acciones u omisiones. Y en caso de que tampoco con el Congreso quieran informar, que se les finquen responsabilidades para la omisión en respetar los derechos humanos”.

En la radiografía de la impunidad que ayer Raúl Plascencia Villanueva  mostró al Poder Legislativo, sobresale lo siguiente:

“Hay una creciente discriminación” contra grupos juveniles como el de los Emos. Discriminación e intolerancia no sólo de algunos miembros de la sociedad, sino también de algunas autoridades.

Aludía, sin duda, a esos hijos del Yunque, que lo mismo aparecen en Puebla que en Querétaro o Guanajuato… Plascencia apostilló: “Autoridades que evidencian un problema de intolerancia social que requiere la atención coordinada por parte del gobierno en sus tres órdenes”.

Habló también de cómo la CNDH fue testigo, durante 2009, “de cómo hombres, mujeres y niños emprendieron un camino hacia Estados Unidos bajo condiciones inhumanas y, generalmente, expuestos a los abusos de las autoridades de ambos lados de la frontera. O bien siendo víctimas del delito ante redes de delincuentes que amparados en la impunidad han encontrado en el tráfico de personas una forma de vida”.

Los costos sociales de la pobreza son carísimos. “La muerte, el abuso o la desintegración familiar”, decía el titular de CNDH, “son sólo algunos de los costos por conseguir este objetivo”.

Las cifras de las muertes de periodistas, durante 2009,  tampoco son para dejarlas pasar: “Hay en la CNDH”, decía el titular, “105 expedientes de queja; 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas y 26 en agravio de defensores civiles”. Y volvía a apostillar: “En este sentido deseo expresar la más enérgica condena por el hecho de que durante el año 2009 se haya presentado el mayor número de atentados y agravios en contra de periodistas y comunicadores, así como a defensores civiles de derechos humanos en los últimos años”.

No hizo mención del número de periodistas asesinados, el año pasado, pero el recuento lo ha llevado, fiel, la Fundación para la Libertad de Expresión, que presidente el poblano  Armando Prida Huerta: 13. Y en lo que va de 2010, dos: Valentín  Valdés Espinosa,  del periódico Zócalo de Saltillo, y José Luis Romero, del noticiario radiofónico Linea Directa, de Sinaloa.

Tres datos más en esto que ha sido una suerte de radiografía de la impunidad en México: 504 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez “siguen pendientes de que se haga justicia”; los más de 10 millones de personas con alguna discapacidad padecen discriminación a la hora de buscar trabajo y aun en la actividad social. De cada 100 delitos que se cometen en el país, sólo dos delincuentes van a prisión.

Miércoles de sesión de Comisión Permanente.  Aprobaron varios exhortos (Puntos de Acuerdo), los que, en la realidad, son como llamadas a misa. Los exhortados no están obligados legalmente a acatar la recomendación que les hacen los legisladores. Estas cifras y algunas sesiones del Congreso también deberían ser consideradas una radiografía del creciente autoritarismo en México, a pesar de aquellos discursos blanqueados del Presidente Felipe Calderón.